viernes, 9 de febrero de 2018

multado con 10000 euros por talar un árbol

Tenía unos diez metros de alto. Un día después de una tormenta apareció inclinado sobre la casa, más de lo que estaba. Me dio miedo. Un amigo aparejador me dijo que amenazaba la casa y hablé con otro amigo que tenía una máquina para quitarlo. Tenía ramas secas, estaba enfermo», recuerda Velez. Mientras lo retiraban pasaron frente a su casa dos policías municipales. Les invitó a un café «y me preguntaron si podían sacar fotos. Les dije que sí, les conté lo que pasaba y me dijeron que lo entendían».
Al cabo de tres o cuatro meses, el correo le trajo el susto de su vida: una notificación municipal de procedimiento de sanción de entre 100.000 y 500.000 euros por haber cortado el árbol sin licencia. «Al principio no me lo creí», señala. Ahí comenzó una batalla administrativa y judicial de siete años que terminó el pasado diciembre, cuando el Tribunal Supremo, la última vía, rechazó revisar la sentencia del juzgado contencioso administrativo y ratificó la condena a pagar 100.000 euros de multa por una infracción muy grave prevista en la Ley de 2005 de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid.

De nada sirvió que presentara en el juicio un informe forestal realizado por un ingeniero agrónomo de junio de 2014, en el que consta que en la finca había varios árboles enfermos, desde mucho tiempo atrás, cuya poda o tala era necesaria por razones de seguridad, u otro informe del Seprona, de septiembre de 2016, en el que se hacía referencia a la existencia de tres árboles que debían estar afectados por alguna enfermedad porque estaban secos, con ramas caídas y con el suelo alrededor en descomposición. La Justicia no consideró probado que el primer árbol tuviera la enfermedad, aunque todo apuntara a ello.
Velez trató de todo, conmutar la multa por trabajos sociales -«me ofrecí a dar clases de Botánica y plantas medicinales»- o incluso plantar mil árboles pagados con su bolsillo, pero desde el Ayuntamiento le negaron cualquier solución. «Me trataron fatal, como si fuéramos delincuentes», recuerda Velez, casado -su mujer no trabaja-, y con dos niños, a los que ha tenido que cambiar de colegio al no poder afrontar los pagos.

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